La portavoz del Consell, Susana Camarero, recuerda que en 2024 la Comunitat Valenciana atendió a más 900 menores migrantes no acompañados y asegura que los centros actualmente se encuentran al 160% de capacidad
Exige al Gobierno central los recursos necesarios para garantizar una atención de calidad para los menores no acompañados
El Consell da luz verde a varias medidas por 331 millones de euros para paliar los efectos de la DANA y adopta otras medidas clave en política de seguridad, educación y empleo
Valida la contratación del servicio de gestión de 750.000 toneladas de residuos generados por la riada, por 178,9 millones de euros
El Consell ha dado luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Durante la rueda de prensa posterior a los plenos ordinario y extraordinario del Consell, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha informado de los asuntos tratados, y ha anunciado que el Consell iniciará los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional esta norma adoptada por el Gobierno central, al considerar que esta regulación vulnera las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores y porque el Estado no garantiza los recursos para la atención que requieren y merecen los menores.
Camarero ha explicado que la Generalitat prima la atención específica a los menores y ha realizado un esfuerzo aumentando las plazas de atención residencial a menores no acompañados en 2024, lo que supuso una aportación adicional en el presupuesto de más de 9 millones de euros, con lo que suma “un coste anual superior a los 23 millones de euros, y a pesar de este coste, el Gobierno de España, a quien compete la política migratoria, destina a nuestra Comunitat solo 1,2 millones de euros”.
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales ha añadido que, “a pesar del esfuerzo ya realizado, el sistema de protección en la Comunitat Valenciana sigue tensionado debido a la constante llegada de estos menores no acompañados” y ha explicado que “en 2024, la Generalitat ha atendido a más de 900 menores no acompañados y la ocupación está al 160% debido a que de las 317 plazas que tenemos hay una media de ocupación permanente de entre 480 y 490 menores”.
Igualmente, Susana Camarero ha apuntado que “la Comunitat Valenciana vive actualmente una crisis migratoria producida por la llegada de personas menores de edad migrantes sin referente familiar a través de diferentes vías, y que nuestro posicionamiento geográfico facilita la entrada de estos menores en pateras que llegan a nuestras costas, a los centros del sistema de protección procedentes de comunidades vecinas o a través de los cupos de mayores que el Gobierno está distribuyendo entre las provincias en los que se cuelan menores sin que se les haga la prueba de edad”.
Camarero ha indicado que “la Comunitat Valenciana dispone de un sistema orientado a los menores que garantiza una atención integral, con una ratio amplia de profesionales, que realiza un seguimiento específico de cada persona y que busca una atención personalizada y de calidad”.
Por tanto, ha afirmado, “nuestro sistema de protección no tiene capacidad para acoger a los menores que el Gobierno pretende trasladar de forma irresponsable, sin los recursos para la atención adecuada”, y ha agregado que “es un insulto a las comunidades autónomas este reparto sin ningún tipo de negociación, ni colaboración, ni coordinación con las que los tenemos que recepcionar y es un parche”.
Asimismo, Camarero ha lamentado que “el Gobierno central establezca un reparto de menores migrantes no acompañados de manera unilateral, no consensuada en Conferencia Sectorial, sin la previsión necesaria y sin la financiación suficiente, lo que supone un maltrato institucional hacia estos menores que se verían abocados a una situación de hacinamiento, ya que no garantiza que se les pueda brindar la acogida digna que merecen”.
Medidas DANA
Durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell también ha participado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha informado de la declaración de emergencia de la contratación del servicio para la gestión de los residuos acumulados en los Puntos de Transferencia localizados en Quart de Poblet/Manises, Catarroja, Picassent, así como en los 60 Puntos de Acopio Local creados en los municipios afectados por las riadas del 29 de octubre.
Martínez Mus ha explicado que “solo la Conselleria se ha hecho cargo de la retirada de un total de 750.000 toneladas de esos residuos”. Una cantidad que ha hecho necesaria la tramitación “del mayor contrato que ha gestionado la Generalitat con motivo de las riadas y que ha supuesto una inversión de 178,9 millones de euros”.
Además, el conseller ha destacado que el plan de choque puesto en marcha ha permitido la creación “de nuevas figuras, nuevos procedimientos y mecanismos en el ámbito de la gestión pública de residuos”, y ha suscitado “el interés de las instituciones europeas”, por lo que ha anunciado que lo expondrá en el Comité de las Regiones el próximo mes de mayo.
“Estamos, por tanto, ante la mayor inversión en gestión de residuos que ha hecho la Generalitat Valenciana en su historia en un tiempo tan reducido y con volúmenes de tratamiento tan elevados”, ha añadido el titular de Medio Ambiente.
Durante su intervención, Martínez Mus ha hecho un balance de la gestión de estos cinco meses y ha asegurado que “se han movilizado cerca de 600 millones de euros para atender, no solo las actuaciones que son de competencia autonómica, sino las que corresponden al ámbito municipal”.
Ara Empreses
El Pleno del Consell también ha aprobado el decreto de ayudas para pymes industriales, comercios y hostelería damnificados, dotado con 127,4 millones de euros, en el marco de la iniciativa Ara Empreses. Las subvenciones cubrirán hasta el 70% de los costes, con un máximo de 50.000 euros por empresa.
A este respecto, Susana Camarero ha apuntado que “se trata de un paso clave para reactivar la economía y el empleo en las zonas más castigadas”.
Asimismo, el Pleno del Consell extraordinario ha aprobado contrataciones de emergencia por un valor de 24,9 millones de euros para reparar infraestructuras críticas, como canalizaciones urbanas en seis áreas prioritarias de la provincia de Valencia.
En este sentido, Susana Camarero ha explicado que “se trata de medidas correctoras necesarias para reponer con celeridad los cauces afectados, e implementar la seguridad para garantizar la protección de estas infraestructuras de cara a próximos episodios de lluvias torrenciales”.
Además, el Consell ha aprobado destinar 143.616 euros al servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad afectadas por la riada, garantizando su movilidad entre residencias y hogares familiares.
En materia de vivienda social, se han asignado 60.504 euros para reparar un albergue vacacional para personas con discapacidad intelectual situado en Dos Aguas, denominado la Masía del Collao, que también sufrió daños por la DANA.
Oferta Pública de Empleo en Educación
En la sesión ordinaria, el Consell ha aprobado la Oferta Pública de Empleo educativa con1.959 plazas del cuerpo de maestros, con un 10% reservado para personas con discapacidad.
Cabe recordar que se ha aumentado el número de plazas en 264 con respecto a la última Oferta Pública de Empleo para maestros, que fue en 2023, dado que en la OPE de 2024 se ofertaron solo 1.607 plazas de profesores.
El Pleno también ha aprobado la actualización del marco normativo de ciberseguridad para daptarlo al Esquema Nacional de Seguridad, simplificando el modelo actualmente vigente y descentralizando en gran medida las responsabilidades de seguridad de la información en las consellerias y entidades.
La nueva norma faculta a las consellerias competentes en sanidad, educación, y justicia, para desarrollar las disposiciones normativas necesarias para la organización de la seguridad en determinados ámbitos de su competencia. Además, elimina el Comité de Seguridad y transfiere sus competencias a la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital.
El pleno del Consell ha aprobado igualmente la declaración de urgencia para la tramitación del proyecto de decreto que actualizará las normas de diseño y calidad en edificios residenciales en la Comunitat Valenciana. Con ello, se reducen los tiempos de la tramitación del decreto que podría entrar en vigor en el último cuatrimestre de 2025, tras el proceso de revisión sobre su contenido y alcance.
Asimismo, se ha declarado de interés público la incorporación de personal sanitario a los grupos especiales de rescate, mejorando la atención en emergencias.
